El Pleno del Congreso aprobó el pasado día 27 de Junio la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y se prevé que entrará en vigor después del verano.

Los prestadores de servicios en la Red y los que lleven a cabo su actividad económica por medio de telefonía móvil, cable o televisión digital terrenal, tendrán todo le verano para adaptarse a las nuevas exigencias legales.

Esta ley tan controvertida pretende dar la cobertura normativa que la sociedad de la información precisaba urgentemente. Define las obligaciones de las empresas que operan en este medio y detalla los derechos de los usuarios que hacen uso de estos servicios.

Están sometidos a esta ley toda empresa o página web que ofrezca sus servicios a cambio de un precio o contraprestación, incluyendo a las páginas web que ofrezcan mensajes publicitarios.

Entre las obligaciones legales introducidas por esta ley podemos destacar las siguientes:

• Todos los prestadores de servicios que realicen actividades de comercio electrónico a través de Internet deben incluir en su página web los siguientes datos identificativos:
  - Denominación social, NIF, domicilio, dirección de correo electrónico y los datos de inscripción en el Registro Mercantil.
  - Precio de sus productos y servicios, con información relativa a los gastos de envío e impuestos.
  - Los códigos de conducta a los que se adhiera y modo de consultarlos electrónicamente.

Así mismo, los prestadores de servicios establecidos en España deberán comunicar a los Registros Públicos el nombre de dominio que utilicen.

En el caso de que la actividad esté sujeta a autorización previa o se ejerza una actividad regulada es necesario informar además de:
- Colegio profesional al que pertenece.
- Los datos de la autorización administrativa.

• Respecto a la información que deben incluir en relación con la contratación online, hay que señalar la siguiente:
  - Información relativa a las condiciones generales aplicables al contrato.
  - Guía sobre cómo realizar la compra y celebrar el contrato.
  - La/s lengua/s en que podrá formalizarse el contrato.
  - Están obligados a confirmar la recepción de su pedido y la consiguiente formalización del contrato.

• El envío masivo de mensajes publicitarios por correo electrónico o por otros medios equivalentes, como puede ser el teléfono móvil, no está permitido.

Por lo tanto sólo se permite el envío de publicidad a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado de forma expresa, y además deberá incluir, en el asunto del correo electrónico la indicación de "publicidad".

• Los prestadores de servicios sólo serán responsables por los contenidos que ellos mismos elaboren o hayan sido elaborados por cuenta suya.

• Por otra parte, están obligados a respetar la normativa de protección de datos de carácter personal, estableciendo las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener la seguridad de los mismos.
  

• Deberán apoyar la lucha contra los delitos cometidos a través de Internet, y para ello están obligados a:
  - Comunicar a las autoridades administrativas o judiciales la actividad, presuntamente ilícita, realizada por el usuario.
  - Comunicar a las autoridades judiciales o administrativas, previa solicitud de éstas, la identificación de los usuarios.
  - Suspender la transmisión, alojamiento de datos, acceso, o prestación de cualquier otro servicio en virtud de resoluciones de la autoridad administrativa o judicial.

Esperemos que esta ley cumpla con las expectativas creadas y no suponga una limitación de los derechos y libertades establecidos democráticamente.

Noelia García Noguera.
Abogada especialista en Nuevas Tecnologías.
ngarcia@delitosinformaticos.com

La agencia de protección de datos advierte sobre posibles fraudes con el pretexto de inscricpión de ficheros

Según ha llegado a tener conocimiento la Agencia de Protección de Datos, se están enviando por correo electrónico a responsables de ficheros automatizados mensajes en los que aparece como remitente dicho organismo- Subdirección General de Inspección (Inspeccion@agenciaprotecciondatos.org) y que, en síntesis, vienen a indicar lo siguiente:

- “Habiendo recibido denuncias acerca de sus actividades en Internet por estar usando direcciones de correo electrónico privadas que no están en ninguna de las bases de datos que aquí se encuentran, procedemos a instruirle un procedimiento sancionador”, recordándole que el uso de datos de carácter personal “ puede suponer una multa de hasta 60.000 €”.

A la vista de lo anterior y sin perjuicio de las actuaciones legales que esta Agencia de Protección de Datos pueda llevar a efecto, se informa de que:

1.- Ninguno de los mensajes remitidos por correo electrónico procede de esta Agencia de Protección de Datos.

2.- Las direcciones de correo electrónico privadas no quedan registradas en las Bases de Datos de este Organismo.

3.- La actividad inspectora no se efectúa por correo electrónico, sino mediante visita presencial debidamente autorizada, sellada y firmada por el Director de la Agencia de Protección de Datos o comunicación por correo ordinario en papel oficial de este Organismo.

4.- Las actuaciones que inician un procedimiento sancionador no se comunican por correo electrónico, sino mediante Acuerdo oficial, firmado por el Director de este Organismo, en el que se especifican las causas de la supuesta infracción cometida y su fundamentación jurídica, dando un plazo suficiente para presentar pruebas y alegaciones.

También se ha conocido por denuncias presentadas ante este Ente por diferentes empresas, que han recibido llamadas telefónicas de quienes, haciéndose pasar por la Agencia de Protección de Datos, les solicitan los datos de su cuenta bancaria a efectos de pasarles los gastos por el registro de sus ficheros.

A estos efectos se informa que:

1.- Ninguna llamada como las indicadas proviene de la Agencia de Protección de Datos.

2.- La inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos no devenga tasa ni precio público alguno.

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